Desde este fin de semana ha entrado en vigor en Cataluña una nueva obligación documental relacionada con la presencia de amianto en viviendas. La Ley 8/2026 establece que determinadas operaciones de venta o alquiler sobre inmuebles construidos antes de 2002 deberán contar con información técnica que acredite si existen materiales con amianto.

La entrada en vigor ha generado dudas prácticas entre profesionales del mercado, según el análisis publicado por idealista/news.

El documento debe identificar la presencia de amianto

Cuando el inmueble contenga materiales con amianto, el certificado debe reflejar su estado de conservación y el posible riesgo. Si no se detecta, deberá dejar constancia de esa ausencia en la fecha de inspección.

La existencia de amianto no significa automáticamente que toda operación quede bloqueada, pero sí puede añadir obligaciones de información y futuras actuaciones de retirada cuando corresponda.

La información puede llegar al Registro de la Propiedad

En determinados supuestos, la presencia de amianto deberá constar mediante nota marginal al inscribirse la transmisión. Esto convierte el estado constructivo del inmueble en una cuestión que compradores y vendedores deberán revisar antes de notaría.

La ley contempla sanciones por incumplimiento

La nueva normativa prevé sanciones administrativas que pueden alcanzar los 3.000 euros en determinados casos. El sector está pendiente del desarrollo reglamentario para concretar formatos, profesionales habilitados y procedimientos.

En Inmo News seguimos estas novedades en Legislación.

Qué revisar antes de poner una vivienda a la venta

Un propietario de un inmueble anterior a 2002 debería comprobar con antelación si la operación queda dentro del ámbito de la norma. Preparar la documentación antes de firmar arras puede evitar retrasos cuando ya existe un comprador.

También es recomendable integrar esta comprobación dentro de una revisión más amplia del edificio. Nuestra sección de Rehabilitación reúne información sobre inspecciones y riesgos constructivos.

El mercado tendrá que adaptar sus procesos

Notarías, registros, agencias y técnicos deberán integrar el nuevo certificado en sus procedimientos. Las próximas semanas permitirán comprobar si la implantación es fluida o si aparecen retrasos en operaciones hasta que exista un criterio homogéneo de aplicación.

Fotografía: Daniel Żabiński / Pexels.